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Rusia pretende reducir la fuga de capitales

El Gobierno ruso está estudiando un proyecto de ley para la aprobación de la convención de la OCDE sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal. En caso de que se logre crear una buena cooperación entre países, el presupuesto ruso podría recibir de 5.000 a 6.000 millones adicionales en impuestos, opinan los expertos.

Los ministerios rusos de Finanzas y Asuntos Exteriores han preparado un proyecto de ley sobre la ratificación de la Convención de la OCDE sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, firmada por Rusia en 2011.

La ratificación de este acuerdo permitirá a las instituciones recaudatorias de Rusia compartir información con sus homólogos extranjeros, así como llevar a cabo auditorías fiscales en el extranjero y reclamar las deudas de las compañías que poseen activos en otros estados. Según la idea del parlamento ruso, la adhesión a esta convención ayudará a cumplir los planes sobre la eliminación de las sociedades opacas (offshore).

El ataque a las offshore se planea en tres direcciones: el cobro impuestos a las empresas offshore controladas desde Rusia, la prohibición de que estas empresas obtengan cualquier tipo de apoyo estatal y la privación del acceso a contratos de oferta pública.

Sin embargo, estas medidas (sobre todo el deseo de atribuir los ingresos de las offshore a sus propietarios rusos), son imposibles de llevar a cabo en la práctica sin contar con la información de las estructuras fiscales en el extranjero. En este sentido la convención cobra una gran importancia. Según explicaba al periódico Kommersant el director de práctica fiscal de la compañía Baker Tilly, Rustam Vajitov, desde el 1 de junio de 2011 la convención prohíbe directamente a sus miembros negar el suministro de información fiscal alegando que se trata de información bancaria, profesional o cualquier otro tipo de contenido secreto.

El Ministerio de Finanzas se muestra más entusiasmado en este sentido porque las mismas offshore pasarán a estar bajo la influencia de los mayores estados miembros de la convención. Por ejemplo, en mayo de 2013 algunos territorios que dependen de Gran Bretaña (entre ellos las famosas Islas Vírgenes, muy populares entre los empresarios rusos) acordaron suministrar información automáticamente sobre sobre operaciones realizadas por residentes de los países del G5 (Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y España).

“Los paraísos fiscales nos proporcionarán toda la información necesaria sobre operaciones, empresas y cuentas que se encuentre bajo su jurisdicción”, comentaba el viceministro de finanzas Serguéi Shatálov. El Ministerio de Finanzas no ha anunciado el importe de las posibles sanciones estatales introducidas con las nuevas medidas, aunque según el informe publicado esta semana por Bank of America Merrill Lynch, la realización de los planes del gobierno ruso para la eliminación de sociedades opacas podrían suponer unos ingresos adicionales en el presupuesto de 5.000 a 6.000 millones de dólares, procedentes principalmente de los impuestos de los intereses y dividendos evadidos actualmente.

Además del artículo sobre intercambio de información, en la convención figuran también normas sobre auditorías fiscales simultáneas en los países miembros (el Ministerio de Finanzas presentó esta propuesta en un proyecto de ley sobre la introducción de este procedimiento en el Código Tributario de la Federación Rusa ya en junio de 2013).

Según informaba a Kommersant Alexéi Overchuk, vicedirector del Servicio Federal Tributario, este departamento ya posee una experiencia positiva en materia de auditorías fiscales conjuntas con sus homólogos extranjeros: “La ratificación de la convención creará unas condiciones favorables para utilizar este mecanismo de forma más amplia”.

La convención permitirá reclamar las llamadas deudas transfronterizas. Si una compañía posee deudas fiscales en un estado y sus activos en otro, las instituciones tributarias podrán embargar sus propiedades.

Por ahora, el beneficio de este procedimiento no es muy elevado. El importe de las deudas de las personas jurídicas de los países miembros de la convención ante la Federación Rusa asciende a 6.240 millones de rublos (unos 190 millones de dólares). La mayor parte se encuentra en Canadá (1.380 millones de rublos) y en Turquía (1.230 millones). En estos momentos, los servicios tributarios de la Federación Rusa no tienen acceso a estas deudas “debido a la ausencia de propiedad susceptible de ser reclamada, o bien debido a la ausencia de facto de las personas jurídicas extranjeras en territorio de la Federación Rusa”.

Ratificación con reservas

Según el texto del proyecto de ratificación de la convención, Rusia está dispuesta a adherirse a ella con algunas excepciones.

En particular, la legislación de la Federación no está totalmente preparada para hacer uso de la reclamación transfronteriza de deudas, por lo que advierte que no prestará asistencia a la reclamación de deudas por el pago de IVA, de impuestos especiales o del impuesto de explotación.

Además, Rusia no ofrecerá información sobre la apertura o la anulación de cuentas bancarias de sus ciudadanos. Al mismo tiempo, para limitar el número de solicitudes, planea limitar a tres años “el periodo de asistencia legal en los procesos relacionados con infracciones de las normas del derecho penal”.

Según Rustam Vajitov, muchos países han mostrado las mismas reservas a la hora de aplicar la convención a sus impuestos locales o a los impuestos indirectos. Por lo tanto, está por ver todavía cómo funcionarán algunas opciones, como las auditorías extranjeras y la reclamación de deudas. “Pero en cuanto a las funciones básicas de la convención (el intercambio de información), los órganos fiscales rusos tendrán la posibilidad de obtener datos de jurisdicciones hasta ahora inaccesibles para ellos, como Belice, Gibraltar, las antiguas Antillas Holandesas (San Martín, Curazao y Aruba), y muchas más, – comenta el abogado. – Esto solo basta para firmar la convención”.

Fuente: Rusia hoy

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